El Consejo General de Colegios de Ingenieros Técnicos Industriales y la Unión de Asociaciones de Ingenieros Técnicos Industriales de España RECHAZAN rotundamente el Acuerdo del Consejo de Ministros de 26-12-08 por el que se "establecen las condiciones a las que deberán adecuarse los planes de estudios conducentes a la obtención de títulos que habiliten para el ejercicio de las distintas profesiones reguladas de ingeniero técnico e ingeniero" y en el que se sanciona el mantenimiento de la situación actual de la Ingeniería.

El empecinamiento en seguir manteniendo la estructura actual de los estudios de ingeniería aleja a España de los compromisos suscritos en la Declaración de Bolonia y de las propias disposiciones legales promulgadas por el Gobierno Español y sume a la ingeniería española en una “ciénaga de subdesarrollo” impidiendo que los futuros títulos de grado tengan el nivel que se corresponde con los desarrollados en las universidades europeas y en las de Estados Unidos y Japón, entre otros países de referencia.

La necesidad de cursar un máster para alcanzar las atribuciones profesionales de la ingeniería - como se contiene en el citado Acuerdo y en las Órdenes Ministeriales que lo desarrollan – supone una verdadera “estafa social” para los estudiantes y sus familias, prolongará innecesariamente la estancia de éstos en la universidad y, en consecuencia, les supondrá un coste económico inaceptablemente gravoso y superfluo, ya que con un título de grado adecuadamente diseñado es posible formar al ingeniero en toda su plenitud, reservando los másteres para la especialización.

El Gobierno se alinea así con las posturas más conservadoras de la Universidad, despreciando las necesidades de la pequeña y mediana empresa y haciendo caso omiso de sus obligaciones sociales.

En uso de nuestra responsabilidad, nuestras Instituciones, representantes legales de los 90.000 profesionales de la ingeniería técnica industrial, acudirán de inmediato a los tribunales para hacer cumplir la ordenación universitaria plasmada en la legislación vigente derivada de los compromisos adquiridos con la firma de la Declaración de Bolonia, y para conseguir una ingeniería homologable con los más desarrollados países del mundo.